El Primer Café

Según el excanciller Ignacio Walker, la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast y la acción comunicacional de traslado de reos a Talca marcan la llegada al país de la política al estilo Bukele: "la semana pasada Nayib Bukele hizo su entrada en la política chilena, el plan Cancerbero, con su fanfarria comunicacional, pero sobre todo la reforma constitucional sobre seguridad, corresponden al método Bukele: efectismo comunicacional y una reforma iliberal, que atenta contra aspectos básicos del régimen constitucional y democrático chileno".

Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) planteó que "todos tenemos claro que hay que detener el crimen organizado, el terrorismo, los problemas del narcotráfico, si el problema es porqué lado se baja uno del caballo (...) es importante el modelo de contrapesos y esta reforma tiende olímpicamente, por los menos por 240 días, a saltarse al Congreso y al Poder Judicial. Yo prefiero que sea lento, la democracia no es la más rápida, pero a la larga es la mejor, que sea lento pero que haya debido proceso", insistió.

El diputado republicano Luis Sánchez Ossa recalcó que "obviamente este es un proyecto de ley de alto impacto, es un tema muy relevante porque va al nervio de los grandes problemas que estamos teniendo hoy día, la crisis de inseguridad y muchos de ellos pasan por la interpretación que en tribunales se da de ciertas normas y como eso impacta en lo que todos solemos denominar la 'puerta giratoria' y el garantismo".

Finalmente, el exministro Cristián Monckeberg (RN) lamentó que "la discusión central se la lleve una reforma que a todas luces hay que mejorar, pero yo prefiero la discusión honesta, legítima, en el Congreso, de un proyecto como esto, que me imagino va a tener muchas modificaciones, a no hacer nada o a hacer más de lo mismo".

El Primer Café, con Cecilia Rovaretti.

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Economistas coinciden en que el país no llegará a cumplir las metas de crecimiento esperadas por el Ministerio de Hacienda durante este año, en medio de una recesión técnica por haber llegado a dos trimestres con cifras negativas en esta materia.

El exministro Carlos Ominami planteó que "lo que tenemos aquí en Chile formalmente es una recesión técnica, porque tuvimos un primer trimestre con crecimiento negativo y el dato que hay es un crecimiento levemente negativo también para el segundo trimestre. Esto no hay que sobreinterpretarlo, pero me parece que el dato más inquietante es que la inversión tampoco repunta. El aumento es del orden del 2 por ciento, la confianza empresarial incluso ha disminuido".

Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo, comentó que "efectivamente el crecimiento para este año es difícil, prácticamente imposible, que llegue al 1,8 como espera Hacienda, porque para que eso pase el segundo semestre tendría que tener un crecimiento cerca del 4 por ciento, que es muy poco probable que se dé".

Claudio Agostini, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, compartió "la preocupación respecto a la inversión. Uno esperaba que las expectativas hubieran sido mejores, que los números hubieran sido distintos. Hay que ver lo que viene, no sabemos si a lo mejor estaban esperando que se aprobara el proyecto con la rebaja tributaria y ahí tomar decisiones de inversión, puede ser, vamos a verlo en el futuro, pero eso es lo que me parece más preocupante y ojalá que cambie".

Rodrigo Wagner, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, sostuvo que "estamos en una inesperada crisis de expectativas, todos los indicadores de expectativas salieron bajos y se está contagiando con las expectativas empresariales. Hay una preocupación mayor, no es extrema, pero es importante (...) debiéramos converger a crecer en algo así como un 2 y tanto por ciento".

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El diputado y vicepresidente de Evópoli, Jorge Guzmán, advirtió que la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno no tiene viabilidad en sus actuales condiciones, debido a las atribuciones que entrega al Presidente de la República y a la ausencia de control del Congreso durante su aplicación. "Yo creo abiertamente, y lo digo con total responsabilidad, que el proyecto en las condiciones que hoy día ha sido presentado no tiene ni una posibilidad de convertirse en ley y ser reforma constitucional", sostuvo el parlamentario oficialista.

El vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, respaldó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y aseguró que el texto presentado recogió parte de las aprensiones manifestadas por su partido ante el borrador inicial. Sin embargo, reconoció que la propuesta deberá ser discutida y modificada para conseguir los votos requeridos.

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, sostuvo que la controversia no enfrenta a quienes defienden la seguridad con quienes buscan mantener la situación actual, sino que plantea una discusión sobre los límites democráticos del poder presidencial. "El debate que el gobierno nos ha propuesto es un debate entre democracia y autoritarismo. Y eso es", afirmó.

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, acusó al Ejecutivo de promover una herramienta que podría utilizarse contra sectores opositores y puso en duda su eficacia para enfrentar la crisis de seguridad. Couble también cuestionó la ausencia de control parlamentario y planteó que una situación extraordinaria podría ser discutida rápidamente por el Congreso.

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El diputado socialista Raúl Leiva acusó al Gobierno de impulsar una discusión que "vuelve a polarizar al país" mediante la reforma constitucional de seguridad ingresada al Senado, que contempla un nuevo estado de excepción, inhabilidades para condenados y regímenes penitenciarios diferenciados.

"Creo que lo que se hace es polarizar y profundizar una discusión", afirmó Leiva, quien agregó que la propuesta abre un debate "que vuelve a polarizar al país y pone o enfrenta a los buenos y a los malos, como se pretende hacer". El legislador llamó al Ejecutivo a abordar la delincuencia con una mirada transversal y recordó que la creación del Ministerio de Seguridad Pública buscó instalar esta materia como una política de Estado.

El diputado republicano Agustín Romero rechazó las críticas y defendió la necesidad de modificar la Constitución para enfrentar la realidad actual de la delincuencia. "A ese hay que combatirlo con toda la fuerza que se pueda. Y si es necesario modificar la Constitución, bueno, tendremos que modificarla", enfatizó.

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo aseguró que varias de las críticas formuladas contra el primer borrador fueron recogidas por el Ejecutivo antes del ingreso de la reforma. "A todos nos hubiese gustado que hubiese un mejor trabajo prelegislativo, pero tanto la intervención de Andrea Balladares como la intervención de Guillermo Ramírez son anteriores a las modificaciones que el Gobierno introdujo al proyecto", explicó.

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El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, advirtió que la reforma constitucional sobre seguridad puede terminar jugando en contra del Gobierno, debido a que algunas de las medidas conocidas contemplan inhabilidades, nuevas facultades y restricciones de derechos.

Arqueros sostuvo que comparte los reparos planteados por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien advirtió que, en las condiciones conocidas hasta ahora, su partido no puede respaldar las modificaciones porque debilitan la institucionalidad.

Un planteamiento más cauteloso expresó Álvaro Pezoa, presidente del directorio de Ideas Republicanas, quien llamó a esperar el ingreso formal de la reforma antes de evaluar sus disposiciones.

Pezoa sostuvo que modificar la Constitución no constituye por sí mismo un problema, siempre que las medidas propuestas tengan una justificación y permitan combatir de mejor manera al crimen organizado.

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