Noticias de América

• Eliminación del diésel en Ecuador, una medida explosiva

  El presidente de Ecuador Daniel Noboa decidió eliminar el subsidio al diésel que pasó de 1,80 dólares a 2,80. La medida sorpresa, sin convocar a mesas de diálogo ni concertar con los sectores más dependientes del combustible, ha generado la protesta social y gremial. RFI consultó la opinión de Leónidas Iza Salazar, líder indígena y excandidato presidencial. El presidente Noboa decretó el estado de excepción en seis provincias y llamó al diálogo en un país donde el combustible no solo es un bien económico sino un símbolo político. Dos gobiernos ecuatorianos han estado a punto de arder por intentar eliminar el subsidio al diésel. En 2019, la revuelta social obligó al presidente Lenín Moreno a derogar las impopulares reformas económicas que incluían un alza importante en el precio de los combustibles. Tres años después, durante el mandato del ultraconservador Guillermo Lasso, el movimiento indígena también logró bloquear el incremento del precio del combustible y forzar al gobierno a comprometerse a mantener congelados los precios del diésel y del gas licuado de petróleo. Los enfrentamientos dejaron muertos, heridos y una gran fractura social. Leónidas Iza Salazar presidía entonces la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), emblema nacional por la defensa del subsidio al diésel. "El tema de los subsidios a los combustibles está anclado en más de 30 años de política pública. Según una ley de 2005, los siguientes gobiernos deben construir una política de compensación social y productiva para que vayamos dejando el diésel poco a poco y que no sea una decisión agresiva, letal, como ha intentado cada gobierno de turno", dijo a Radio Francia Internacional el líder indígena y excandidato presidencial. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa decidió el viernes pasado eliminar de forma sorpresiva el subsidio al diésel. Su medida silenciosa generó, de inmediato, las protestas de transportistas, agricultores y pequeños productores, temerosos de una cadena de aumentos que golpee directamente el costo de la vida. "Al ser el combustible un factor de producción, el incremento de su precio está ligado a toda la economía ecuatoriana", firma Iza Salazar. Y explica que la subida del diésel genera dos efectos inmediatos: "El incremento en el precio de los productos de primera necesidad, sobre todo los industrializados, no los productos de los campesinos. Un segundo efecto inmediato es la especulación, porque las unidades de producción y los vehículos del transporte recuperan el costo de inversión por el incremento en el precio del combustible. Pero, además, en el mercado, por estar en cadena con todo el sistema de producción, lógicamente se desata la especulación", precisa. La protesta se ha extendido a otros sectores sociales y gremiales. El presidente Noboa decretó el estado de emergencia aduciendo grave conmoción interna y, de esta forma, frenó el paro nacional convocado para este lunes. El mandatario también autorizó a fuerzas policiales y militares a desarticular reuniones en espacios públicos que amenacen la seguridad, dijo. "El cambio de sede del gobierno es una provocación" El presidente Noboa también trasladó el poder Ejecutivo a la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, donde se concentran las comunidades indígenas más organizadas y combativas. Para el líder indígena, que encabezó en el pasado la batalla contra la eliminación del subsidio al diésel, el traslado del gobierno de Noboa a esta provincia es una provocación. "Venir a una de las provincias que se ha manifestado cada vez que ha habido una decisión de este nivel es un mensaje de provocación. Y a partir de ahí, capaz que intenta controlar la provincia y la sierra centro donde estamos ubicados", sostiene. En opinión de Iza, el gobierno "sale a provocar, pero se esconde con mil policías armados, mil miembros de las fuerzas armadas, del ejército, con tanquetas de guerra, con drones, se encierra en una ciudad. Entonces, creo que hay una planificación militar política alrededor de la decisión de venir a Latacunga". Finalmente, el líder indígena Leónidas Iza denuncia que la medida de supresión del subsidio al diésel adoptada por Noboa se origina en los compromisos de su gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Lamentablemente quiero decir que no es una decisión del presidente de la República, Daniel Noboa. El 15 de mayo de 2024, el gobierno de Noboa firmó 43 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y en este momento está agachando la cabeza y acatando la imposición del Fondo Monetario Internacional". El gobierno ecuatoriano intenta cumplir con el FMI y, al mismo tiempo, frenar las protestas con bonos compensatorios selectivos y temporales. Pero en Ecuador el combustible no solo es un bien económico, sino un símbolo político. Tocarlo sin consenso es una medida explosiva.

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• Sentencia a exFARC: "Es la mejor justicia posible dentro de una justicia negociada"

  Casi una década después del acuerdo de paz, la JEP condenó por primera vez a siete exjefes de las FARC por más de 21.000 secuestros en Colombia. Cumplirán sanciones restaurativas y no irán a prisión. El análisis de Paula Vargas, directora de Justicia Transicional del Instituto de las Transiciones Integrales. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró uno de los capítulos más dolorosos de las últimas cinco décadas en Colombia. El tribunal, creado en 2016 para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto, condenó a siete exintegrantes del Secretariado de las FARC por implementar una política de secuestros en todo el país. Entre los sentenciados está su último comandante, conocido como Timochenko. Todos recibieron la máxima pena prevista en el acuerdo de paz: restricciones de movilidad y la obligación de realizar actividades restaurativas como la búsqueda de desaparecidos y la participación en procesos de desminado en los territorios donde operaron. Es una sentencia rodeada de interrogantes, comenta Paula Vargas, directora del área de Justicia Transicional del Instituto de las Transiciones Integrales. "La JEP contempló que los responsables pudieran adelantar, antes de la sentencia, trabajos considerados restaurativos por cuenta propia. Ahora bien, lo que sí es cierto es que no hay una respuesta clara sobre qué harán exactamente los comparecientes en términos restaurativos durante esos ocho años. Esa es precisamente una de las quejas tanto de los comparecientes de la fuerza pública como de las FARC", dice Vargas. La sentencia prevé acciones como la búsqueda de desaparecidos, la memoria y la reparación simbólica. Para ello se han propuesto proyectos ambiciosos, asegura la experta, aunque persisten dudas sobre su implementación. "Estas sentencias son un hito muy importante, pero es fundamental que no se queden en el papel. El riesgo es alto: los proyectos restaurativos son muy ambiciosos, pero no hay respuestas concretas sobre cómo se van a financiar. Tampoco se conoce en detalle cómo se implementará el monitoreo a los comparecientes", subraya. Ingrid Betancourt, humillada por decisión desconcertante La decisión de la JEP también generó críticas. La exdirigente política Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada por las FARC, dijo sentirse "humillada" y "burlada" por la decisión del tribunal, que calificó de "desconcertante". Esto plantea la pregunta de si la sentencia satisface a las miles de víctimas de los 21.000 secuestros atribuidos a la guerrilla. Para Paula Vargas, la clave está en el contexto del acuerdo de paz: "Es una sentencia que emana de una justicia negociada. Antes del acuerdo, los niveles de impunidad eran inmensos. Las víctimas no tenían respuestas, no había verdad ni confesiones. Nadie se levantaba a decir: 'yo cometí este delito y lo cometí así'. Por eso, esta es la mejor justicia posible dentro de una justicia negociada", concluye. La JEP, cuya vigencia se extiende hasta 2037, deberá emitir sentencias sobre otros crímenes, incluidos los imputados a miembros de la Fuerza Pública por los llamados "falsos positivos". La ONU calificó la decisión como un "hito en los procesos de paz". Human Rights Watch, en cambio, criticó que aunque los excomandantes llevarán dispositivos electrónicos durante ocho años, la JEP "guardó silencio sobre el perímetro dentro del cual estarán restringidos de su libertad". El secuestro fue una de las heridas más profundas del conflicto en Colombia. Según la JEP, la retención más prolongada a manos de las FARC duró 14 años. Uno de los casos más emblemáticos fue el de la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002 junto a su jefa de campaña, Clara Rojas, quien dio a luz a un hijo durante más de seis años de cautiverio.

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• 60.000 presos sufren trabajo forzoso en Cuba, según la ONG Prisoners Defenders

  Este 15 de septiembre se ha presentado en Bruselas un informe integral de la organización Prisoners Defenders sobre la situación del trabajo forzoso en los centros penitenciarios de Cuba. La investigación revela el uso del trabajo bajo coacción con fines económicos y punitivos de 60.000 presos. El informe de la organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, se ha realizado con 53 testimonios de presos cubanos que viven en el país y que han podido ser validados con datos de identificación. Javier Larrondo, su presidente, dice que se han realizado al menos 150 entrevistas, pero algunas de ellas aún no se han podido verificar o los entrevistados no han querido dar sus datos completos. Mecanismos de coacción Larrondo expone a RFI cuales son los mecanismos de coacción: “En Cuba, los presos son amenazados de que si no hacen el trabajo forzoso perderán las visitas a sus familiares, las llamadas y todos los beneficios penitenciarios que les corresponden. Además, si ellos están en una prisión de mínimo rigor, porque tienen derecho a estar, si no hacen el trabajo forzoso les llevan a una prisión de máximo rigor”. “Luego no les remuneran absolutamente nada. En el caso de los cigarros puros, por ejemplo, les pagan 80 céntimos de peso cubano y por lo tanto estamos hablando de una milésima de dólar lo que le pagan por cada puro, es decir, absolutamente nada. Pero, además, sufren violencia: el 50% de las mujeres declarantes nos dicen que sufren acoso sexual”, agrega. Muchas industrias afectadas El informe también aporta detalles sobre las industrias más afectadas por el trabajo forzoso. Según Larrondo, algunos de los productos llegan a muchos países, inclusive en Europa: “La industria del tabaco y los cigarros puros habanos, como las marcas Cohiba, Mareva, Bandera, se hacen en las prisiones de Cuba forzosamente. También el carbón vegetal que se exporta principalmente a Europa (España, Italia, Portugal, Grecia y Turquía), la caña de azúcar…”. “Muchísimas industrias, en realidad, utilizan la masa de 60.000 presos, supuestamente en trabajo correccional voluntario, pero en realidad es trabajo forzoso en las condiciones que os he explicado”, afirma Larrondo. Los testimonios cuentan que el 70% de los declarantes no firmó contrato laboral ni recibió documento alguno que regulara su vínculo, mientras más del 80% reportó graves deterioros físicos y psicológicos. En julio de 2024, un informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud de la ONU ya advertía de la existencia de leyes y reglamentos nacionales permitiendo el trabajo obligatorio en las prisiones de Cuba. Prisoners Defenders denuncia que la exportación de carbón vegetal producido mediante el trabajo forzoso de presos constituye una violación directa de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

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• Ecuador se convirtió en uno de los principales exportadores de cocaína, ¿a qué se debe?

  Situado entre Perú y Colombia, dos de los grandes productores de esta droga en el mundo, Ecuador ha pasado a ser uno de los puntos de distribución más importantes a nivel mundial, con dos destinos principales: Estados Unidos y Europa. ¿Cómo puede un país que apenas produce cocaína convertirse en un gran exportador? No es un gran productor, pero se ha convertido en uno de los principales puntos de tránsito y exportación de cocaína a nivel mundial. Ecuador decomisó el año pasado 300 toneladas de esta droga, aunque se estima que son apenas una cuarta parte del total que pasa por su territorio -que superaría las 1.000- antes de ser exportada, principalmente a Estados Unidos y Europa. Posición geográfica Según un informe de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), un 30% de la cocaína detectada en contenedores marítimos tiene un puerto de carga declarado en Ecuador. ¿A qué se debe este fenómeno? “Lo que ha provocado que Ecuador tenga esta condición es que fundamentalmente nos ubicamos en un espacio geográfico donde confluyen las vías de tráfico desde Colombia, particularmente con un perfil costero bastante amplio. Los principales destinos son Estados Unidos y Europa. Para Europa generalmente lo que se hace es contaminar los barcos que llevan banano, principalmente para hacer que se inserten cargamentos de droga en ellas”, explica a RFI Diego Pérez Enríquez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito. “Hay que considerar además geográficamente que la frontera de Ecuador con Colombia es un territorio que tiene poca presencia estatal de los dos costados, y eso hace naturalmente que la operación de las organizaciones de tráfico sea bastante más sencilla, bastante más eficiente”, señala asimismo. Empezando a producir Esta frontera compartida con Colombia está en el origen de otra de las alertas en el país: Ecuador está empezando a convertirse en productor. Por el momento las cifras son relativamente bajas, unas 60 toneladas el año pasado. Predominan los cultivos de coca en las provincias de Carchi y Sucumbios, donde se instalan los grupos criminales tras pasar la frontera. “En general, son grupos con una doble identidad. Son organizaciones generalmente colombianas y hay que recordar la operación que tienen las disidencias de las FARC en la zona de frontera con Ecuador”, indica Diego Pérez Enríquez. “Han comenzado a colonizar esos espacios a través de gente propia, gente que viene del lado colombiano, pero también ciudadanos ecuatorianos que en ese costado del país no tienen necesariamente opciones de trabajo, no tienen posibilidades de estudio, no tienen mayores expectativas de supervivencia o para la supervivencia. Y esto, en última instancia, genera un incentivo poderoso para que esas organizaciones se asienten en esos territorios”, detalla el politólogo. Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos. El país sudamericano vive además un aumento dramático de sus niveles de criminalidad en los últimos años.

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• Perú declara "persona non grata" a Sheinbaum por sus declaraciones sobre Castillo

  El Comité de Relaciones Exteriores del Congreso peruano declaró "persona non grata" a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por sus declaraciones públicas en defensa del expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar un autogolpe de Estado en 2022. Con 12 votos a favor y 6 en contra, el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso peruano tomó esta decisión en un nuevo episodio de una larga crisis bilateral entre México y Perú, señaló a RFI Óscar Arévalo, internacionalista en la Pontificia Universidad del Perú. "Es una disposición simbólica, una raya más al tigre de una mala relación [entre ambos países] que viene desde hace varios años. Actualmente no hay embajador mexicano en Perú ni embajador peruano en México. La relación se mantiene a nivel diplomático solo con encargados de negocios. Todo ello a raíz del intento de autogolpe del entonces presidente Pedro Castillo, quien había tejido una relación estrecha con el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que lo defendió permanentemente. Luego llegó Sheinbaum a la presidencia y ella ha seguido prácticamente la misma línea de su antecesor", explicó Arévalo. Perú, relaciones turbulentas no solo con México  El experto subrayó que México no es el único país con tensiones diplomáticas con Perú. "La política exterior del gobierno de Dina Boluarte es igualmente turbulenta con otros vecinos de la región. Perú enfrenta serias dificultades en su relacionamiento regional y es visto como un país muy inestable. En los últimos ocho o nueve años hemos tenido seis presidentes. Este gobierno, en particular, genera mucha preocupación. Hay cuestionamientos en materia de democracia y derechos humanos, lo que provoca desconfianza en la región. Más allá de los problemas con México y Colombia, derivados de la detención de Castillo, tampoco hay una relación sólida con Bolivia, con Chile es bastante fría, como también con Brasil. Eso explica el interés de la política peruana en abrir puertas fuera de la región. Hemos visto en los últimos tiempos un repentino interés en India, Indonesia o Japón, países a los que no les preocupa tanto, o no les interesa demasiado, la situación de la democracia y los derechos humanos bajo el gobierno de Boluarte”, concluyó Arévalo. Las elecciones previstas en 2026 podrían redefinir el escenario político peruano y abrir la puerta a un giro en sus relaciones diplomáticas.

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