La Guardia Nacional mexicana desarticuló este martes una caravana migrante que planeaba salir con 2.000 personas desde Tapachula, frontera sur hacia Estados Unidos. Los migrantes estaban en el parque central de Tapachula y capturado con la promesa de que se les iba a otorgar documentos para regularizar su estadía en territorio mexicano. La Guardia Nacional, junto a miembros de la Instituto Nacional de Migración mexicano, procedieron al arresto afirmando que los migrantes podrían acudir a un permiso de estadía en el estado de Tapachula. Sin embargo, esta opción no es viable en una ciudad colapsada por los migrantes varados, según Soraya Vázquez, subdirectora de la ONG Binacional "Al otro Lado", quien deplora el uso del término “desarticulación”. “Las autoridades han estado utilizado siempre una serio de eufemismos para esta política de contención en la frontera sur”, señala. “Hubo cambios en la ley de la Guardia Nacional y habilitaron también al cuerpo policial para que, junto con el Instituto Nacional de Migración, generaran esta contención a las caravanas por la presión que Estados Unidos ha ejercido a México de pedirle que evite que todos estos miles de personas solicitantes de asilo lleguen a la frontera norte de México. Esto ha venido sucediendo desde hace tiempo: que las personas que vienen migrando de Sudamérica, Centroamérica y otros países llegan a la frontera de México y ahí en Tapachula son retenidos. Se ha vuelto una ciudad-estación migratoria”, agrega. Por este motivo, la han apodado la “ciudad cárcel”. “Es un centro donde detienen a los migrantes y no hay condiciones, como espacio para dormir, para brindarles la atención humanitaria que requieren”, denuncia Vázquez. Mientras tanto, las autoridades mexicanas trasladaron a los migrantes a una estación llamada Siglo 21 para invitarlos a tramitar su forma migratoria múltiple, un documento que les permite permanecer en el territorio de México. “Ese documento es el que se le expide a una persona que viaja a México como turista en los puertos de entrada al país. Las autoridades seguramente los llevaron a una estación migratoria, pero no para expedirles un documento que les permita circular libremente. Eso es lo que los migrantes quisieran, pero las autoridades en México no están facilitando eso, porque lo que quieren es evitar que la gente llegue al norte de país. Así que van a estar en esa estación migratoria, les van a expedir un oficio de salida en el que les dicen ‘tienes 20 días para regularizar tu situación en el país o salir”, afirma la subdirectora de la ONG Binacional "Al otro Lado". La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de México detuvo a más de 2,76 millones de indocumentados en la región.

En Honduras, desde el domingo más de 600 policías militares patrullan en las fronteras con El Salvador, Guatemala y Nicaragua en la lucha contra las pandillas que gangrenan el país. El jueves, el gobierno de Xiomara Castro, decretó el estado de emergencia ante el aumento de las extorsiones. La presidenta hondureña, Xiomara Castro le declaró la guerra a la extorsión. “El pueblo hondureño fue víctima de la imposición de un cartel de narcotráfico desde el Estado mismo, que permeó las instituciones y las estructuras policiales y militares elevando sin límites la violencia y la formación de organizaciones criminales”, dijo el jueves pasado la mandataria, al declarar estado de emergencia nacional para luchar contra las pandillas. Para ello, ha lanzado el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, una estrategia que preocupa a las organizaciones que defienden los derechos humanos por una posible suspensión de garantías Constitucionales. “Este plan ha sido anunciado que vendrá acompañado de algunos decretos que excepción de garantías constitucionales. Recordemos que éstas, a nivel nacional o internacional han sido negativas porque se producen violaciones de derechos humanos por parte de policías o militares”, explica Carlos Sierra, Coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras. ¿Imitando a Nayib Bukele? Afirma que el gobierno de Xiomara Castro, quien asumió la presidencia de Honduras a principios de 2022, presenta esta estrategia ante la inminente presión por mostrar resultados visibles al término de su primer año. También sugiere que Castro está imitando las drásticas medidas de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, quien implementó un estado de excepción para permitir detenciones masivas bajo la bandera de una lucha contra las pandillas, lo cual implica una violación al debido proceso judicial. “Vemos con cierto riesgo que se eche mano de estas medidas y prácticas que no son saludables”, concluye Sierra. El portavoz de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) justificó el despliegue de seguridad son el objetivo de "evitar el ingreso de miembros de estructuras criminales" procedentes de sus vecinos, sobre todo de El Salvador. En ese país justamente, el régimen de excepción ha derivado en la detención de unas 58.000 personas.

Seis años han pasado desde que Colombia firmo el Acuerdo de Paz con las fuerzas guerrilleras de las FARC. El pasado 26 de noviembre diversas actividades de conmemoración se realizaron desde el actual gobierno y en comunidades que se vieron afectadas por esta larga etapa de violencia. Nuestra enviada especial a Colombia, Angélica Pérez conversó en exclusiva con Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, quien hizo un balance de estos años de paz y del trabajo que aún queda por realizar para consolidar este periodo de calma. Asimismo, destacó la voluntad política del gobierno del presidente Gustavo Petro por extender el dialogo hacia otras guerrillas como ELN (Ejército de Liberación Nacional). ¿Usted hace un balance positivo de la implementación del Acuerdo? Es un balance positivo, ha habido importantes elementos que ya se han consolidado, el tránsito de una guerrilla a un partido político que participa activamente en las instituciones democráticas del país. Se mantienen más del 90% de los ex combatientes en el proceso de reincorporación, cerca del 70% están vinculados o han estado vinculados a un proyecto productivo. Más del 50 % de los acuerdos de paz no llegan a un sexto año. Entonces es un motivo de celebración. ¿Cuáles son los retos que aún quedan de este acuerdo? Evidentemente también hay muchos retos. Sobre todo, en las áreas más transformadoras del acuerdo:  la reforma rural, la reforma política, el capítulo étnico, temas de género. La arquitectura del acuerdo ha avanzado mucho, tanto los órganos derivados del acuerdo, como el sistema transicional que ha sido también una piedra angular en estos años. La comisión de la verdad termino sus funciones quedo un comité para darle seguimiento a las recomendaciones de la comisión, la unidad de búsqueda ha tenido resultados importantes y obviamente la jurisdicción especial para la paz donde también ya han avanzado muchos de sus casos, ha habido audiencias públicas muy importantes en las cuales se ha llegado a resultados históricos como el reconocimiento público de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad tanto por los ex combatientes como por la fuerza pública. También nos anima mucho que el actual gobierno tiene en sus prioridades la implementación del acuerdo dentro de su política de paz, que el presidente Petro se encuentra impulsando. ¿En estos tres meses de gobierno cuanto se ha avanzado en la implementación del acuerdo de paz? En estos 100 días hemos visto avances muy importantes y resultados concretos. Lo primero es la voluntad política expresada por el gobierno de tener una consolidación de la paz en toda Colombia. El acuerdo de paz y su implementación es una piedra angular.  En la parte legislativa han avanzado, primero, la propia ley, en un proyecto para que la política de paz sea una política de Estado.  También en materia agraria, en materia rural han avanzado proyectos y  en materia de reforma política. La comisión de seguimiento impulso y verificación del propio acuerdo entre las partes se ha reactivado, también se ha reactivado la comisión de garantías de seguridad, el mandato es muy importante porque tiene que derivar en una política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales. Ya se reactivó el consejo nacional de reincorporación de ex combatientes para también hacerla sostenible, para poder seguir avanzando en temas de tierras y viviendas para ex combatientes de dar asesoría técnica de garantizar acceso al mercado. ¿Qué otra iniciativa destaca del gobierno? Adicionalmente medidas de seguridad que se han generado primero un plan de choque que se hizo en los primeros días del gobierno además de la política de paz que tiene otras iniciativas que son importantes para la consolidación de la paz y en general para la reducción de violencia. También hay una clara intención de avanzar en los temas profundos del acuerdo de paz como reforma rural, capitulo étnico, al punto que se han solicitado a la Misión de Verificación la verificación del avance de estos temas y eso es lo que denota la voluntad política de este gobierno. Junto con otras iniciativas como diálogos con el ELN, diálogos como para explorar tanto sometimiento, como acogimiento a la legislación.  Estas medidas esperamos que si puedan reducir la violencia en las comunidades. Sin duda, existen muchos desafíos, pero confiamos que, a través del tiempo, se puedan seguir tomando medidas concretas para que este acuerdo siga siendo un ejemplo para el mundo como lo ha sido hasta ahora y aunado a otras iniciativas de paz, puedan consolidar la paz en todo el territorio colombiano.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,  anunció, sin precisar la fecha, que policías y soldados cercarán ciudades para apresar pandilleros en el marco de su infatigable y popular lucha contra las bandas criminales, con último saldo de 58 mil detenciones desde el pasado 27 de marzo  y la introducción del estado de excepción que permite los arrestos sin orden judicial. Amnistía Internacional critica una respuesta militariza que considera puramente represiva. "Lo que prácticamente vamos a hacer es cercar grandes ciudades y hacer los procesos de extracción de los terroristas que están dentro de esas ciudades, sin darles la posibilidad de escapar", aseguró el presidente de Salvador el miércoles en un discurso. El gobernante habló ante unos 14.000 soldados que fueron concentrados en un terreno cerca de un cuartel militar en las afueras de la ciudad de San Juan Opico, 35 km al oeste de San Salvador. Bukele dijo que no revelaría "por motivos de seguridad" los nombres de las ciudades que "en los próximos días" serán cercadas por policías y soldados, para hacer una búsqueda meticulosa de pandilleros y detenerlos. A finales de marzo la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el estado de excepción, en un momento donde se llegaron a deplorar hasta 62 asesinatos en un día. Según fuentes oficiales, en ocho meses se ha capturado a más de 58 mil personas, entre pandilleros o gente relacionada con bandas criminales. El Gobierno indica que las medidas para erradicar la violencia están dando frutos, ya que por ejemplo, el miércoles 23 de noviembre hubo 0 homicidios. El plan de seguridad aplicado tendría una aceptación del 95% de los salvadoreños según el propio presidente, un argumento utilizado por él para lanzar la fase 5 del llamado Plan Control Territorial, que consiste en cercar grandes ciudades" con 14 mil militares. Las políticas de seguridad del presidente Bukele acumulan críticas desde ONG. Es el caso Astrid Valencia, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. “No sorprende porque el presidente Bukele ha mostrado justamente una respuesta militarizada, una respuesta violatoria de los derechos humanos para un problema histórico en el país: este entorno de violencia, de criminalidad, de crimen organizado”, sostiene. “Ha mostrado en todo su mandato respuestas insuficientes, incompletas, que buscan crear una falsa dicotomía y un falso dilema entre los derechos humanos y la seguridad pública, cuando en su lugar debería estar conversando con las organizaciones de la sociedad civil que tienen muchos años de experiencia en el tema de seguridad ciudadana con ideas robustas e innovadoras que están dispuestas a construir, de la mano de las autoridades estatales, un nuevo futuro para el país”, opina.    Lo que algunas organizaciones lamentan es que no hay una atención integral del gravísimo problema de la seguridad ciudadana. “La está atendiendo con una respuesta puramente militarizada que ha venido repleta de denuncias de arbitrariedades, violaciones al debido proceso y, claramente, las víctimas de la violencia, de las pandillas y el crimen organizado merecen justicia de forma urgente”, estima Astrid Valencia. A mediados de noviembre centenares de salvadoreños volvieron protestar para exigir la liberación de sus familiares detenidos, dicen ellos, injustificadamente, durante el régimen de excepción. Antes de marzo y previo a que iniciara el régimen de excepción, en las cárceles de El Salvador había 16.000 pandilleros encarcelados. La mayoría de los detenidos son miembros de las pandillas MS-13 y el su rival el Barrio 18 en sus facciones sureños y revolucionarios.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este 23 de noviembre el asesinato del periodista Pedro Pablo Kumul, el vigésimo este año en México. También le pidió a México "investigar con celeridad y profundidad" esta muerte que enluta al gremio. La Fiscalía General de Veracruz investiga qué motivó el crimen del reportero que además era taxista. No hay capturados.  El pasado lunes fue asesinado a tiros Pedro Pablo Kumul cuando conducía un taxi, uno de sus trabajos. El otro, por el que era conocido en la ciudad de Xalapa, en el este de México, era el de locutor de la emisora romántica Es Amor. “Ahora están todavía las investigaciones correspondientes. Aún no se sabe el motivo por el cual habría sido acribillado de esa forma. Pablo se desempeñaba como locutor, también como reportero o periodista a través de nuestro portal digital. Problemas viales, choques, todo ese tipo de noticias, manifestaciones, etcétera, es lo que cubría nuestro compañero. [Era] una persona muy tranquila, sin ningún problema. Hasta donde sabemos no había recibido amenazas de ninguna parte, por lo cual pudiéramos nosotros sospechar que fue por ejercer el periodismo”, explica a RFI Angel Xan, director general del Grupo AX Multimedios, donde ejercía el también reportero Kamul. Fueron “reporteros policiacos de Jalapa los cuales nos avisaron de la terrible noticia. Nosotros ya activamos el protocolo para ir al lugar de los hechos, apoyar a la familia, a su esposa, que también era comunicadora, locutora en nuestro periódico digital. Y ya posteriormente nosotros confirmamos la noticia mediante ella, ya que ella y dos menores de edad iban a bordo del taxi antes de que pasara lo que pasó. Pablo dejó a su esposa y sus hijas y pues obviamente él continuó avanzando con tal de poderlo resguardar”, detalla. “Más apoyo” Ya van 20 asesinatos de periodistas mexicanos en 2022, tres de ellos en Veracruz. El de Kumul sería el cuarto. “Más que nada lo que le pedimos a las autoridades es más apoyo, más respaldo para todos los periodistas, así sea el comunicador más independiente que pueda haber, el apoyo absoluto. ¿Por qué? Porque pues es un trabajo muy riesgoso aquí en México, sinceramente. Eso sí, les pedimos por ahí a las autoridades, tanto de México como de otras partes del mundo, que nos unamos a esta lucha y puedan evitarse este tipo de sucesos como el que lamentablemente nuestro compañero perdió la vida”, subraya Angel Xan. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que "los crímenes contra periodistas en México son doblemente graves, porque a la violencia en sí se suma que la mayoría de los casos quedan impunes".