NOTICIAS DE AMÉRICA

Donde la tradición se encuentra con la innovación ha sido el lema de la tercera edición de Slow Food Nations, en Denver, Colorado. Un ejemplo de ello es la chef Regina Escalante Bush, una de las estrellas invitadas a la tercera edición de Slow Food Nations. Esta mexicana, chef ejecutiva del restaurante MERCI en Yucatán, trajo al salón Slow Food Nations de Denver, el sabor de la gastronomía maya, una civilización que, según ella, practicaba la misma filosofía que este movimiento anti fast food y anti despilfarro. Hija de una estadounidense y de un mexicano, casada con un francés, Regina combina en su cocina diferentes culturas de manera sutil, sin olvidar una variedad de ingredientes que usaban los Maya. Para escuchar el audio haga clic en la flecha que aparece sobre la foto.

El país andino ostenta la mayor tasa de trabajo infantil de Sudamérica: en Perú un 21% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años trabajan. Como respuesta a este flagelo, gobierno y ONGs están creando un sello para certificar a las empresas familiares "libres de trabajo infantil". 1.500 pequeños productores se están preparando para ser evaluados e intentar obtener la certificación para el 2020. Café, espárragos, arándanos... Perú quiere que, a partir de 2020, cada vez más productos que el país exporta estén certificados de que no han sido producidos con el trabajo de niños y adolescentes. Para ello, el gobierno ha creado un sello especial, con la ayuda de la ONG Desarrollo y Autogestión. "Dado que el trabajo infantil en Perú es rural y es en el marco de la propia familia, el Estado nacional difícilmente llega a estas zonas", explica María Gloria Barreiro, directora en Perú de dicho organismo. Las organizaciones de pequeños productores son el foco de esta certificación pública que busca reconocerlos "no por cumplir la ley sino por esfuerzos extraordinarios para prevenir y erradicar el trabajo infantil", subraya Barreiro. "No se trata de que los niños no ayuden en su casa, se trata de trazar esa línea que divide la ayuda en casa, y las actividades formativas y de aprendizaje, de lo que constituye un peligro", detalla. El peruano Paúl Quezada, representante de una cooperativa de cafetaleros en la zona de Villarrica, espera que con esta certificación los productores mejoren sus condiciones de vida. "Actualmente los precios del café son muy bajos y nosotros no somos muy competitivos en el mercado exterior. Nosotros repetimos a los productores 'no hagan trabajar a sus hijos, mándenlos a estudiar' pero con los precios bajos, no les alcanza para que sus hijos vayan a la escuela. Si logramos tener el sello, los clientes en algún momento van a reconocer nuestra labor e incrementar los precios de compra", afirma Quezada. El objetivo a largo plazo es que los productos con el sello "libre de trabajo infantil" puedan obtener un precio diferenciado en los mercados, como los productos orgánicos. El papel clave de los clientes En México, un sello similar existe desde 2010. Hoy 178 empresas del sector agrícola están certificadas. "Aquí, el mercado de exportación está demandando que los productos, independientemente de su calidad, tengan acciones para verificar el bienestar de la población, por ejemplo el que no haya trabajo infantil", explica Jorge Montenegro, subdirector en la Secretaría Mexicana del Trabajo. "Esto es el primer incentivo para los empresarios mexicanos." Para la directora de la ONG peruana, el papel del consumidor será clave. "Cuando te estás tomando café en París, no sabes si fue producido por niños que dejaron de ir a la escuela o que pusieron en riesgo su salud, por eso también el sello es un llamado a los consumidores responsables", destaca. La ONG reconoce que este sello debe ir acompañado por programas sociales para mejorar la situación económica de los pequeños productores y garantizar el acceso a la escuela de sus hijos.

En Miami, los herederos de los dueños del Banco Nuñez, un banco cubano que fue nacionalizado por el gobierno comunista de Fidel Castro, demandaron al grupo bancario francés Société Générale por cerca de 800 millones de dólares. RFI entrevistó a Nicolás Gutiérrez, el presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba. Los herederos de los dueños del Banco Nuñez, que fue nacionalizado por el gobierno de Fidel Castro después de la Revolución, demandaron en Miami al banco francés Société Générale por 792 millones de dólares. Se apoyan en la ley Helms-Burton, rehabilitada en mayo por Donald Trump, que permite a cubanos exiliados en Estados Unidos exigir reparación en los tribunales estadounidenses por las expropiaciones de la Revolución castrista. “Société Générale está haciendo un negocio con el único banco que existe en Cuba, el banco central del régimen comunista. El régimen comunista se robó todos los bienes de todos los bancos privados que existían en Cuba antes de la Revolución. Las industrias bancarias, como todas las industrias, fueron sujeto de una expropiación sin compensación”, denuncia Nicolás Gutiérrez, el presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, y asesor jurídico al bufete de abogados que maneja esta demanda contra la Société Générale. Los demandantes alegan que el banco francés logró beneficios por 1.340 millones de dólares en transacciones con el Banco Nacional de Cuba (BNC), al que fue forzosamente integrada la entidad de sus antepasados. La demanda estima que el Banco Núñez entonces valía 7,8 millones de dólares, que representaban el 10,5% del patrimonio del BNC cuando éste lo nacionalizó en 1960. “La familia Nuñez tenía el 10% de ese monto robado, por lo tanto están demandando a la Société Générale por el 10% del robo del gobierno de Cuba, con el cual está haciendo negocios con la Société Générale”, explica Gutiérrez. Según él, pronto se unirán a las demandas los descendientes de los más de 20 bancos cubanos que también tenían parte del sector bancario antes de la Revolución, como el Banco Castaño o el Banco Pedroso. Nicolás Gutiérrez no se anda con rodeos a la hora de hablar de la conducta de los bancos europeos: “Ya es hora de que las empresas europeas se comporten en Cuba bajo los mismos principios de decencia internacional que existe en el mundo occidental, y no trafiquen propiedad robada”. En cuanto a Francia, “el Código Civil francés altamente penaliza el robo en propiedades robadas y el enriquecimiento ilícito. Por lo tanto no hay derecho, ni moral ni legal, para que bancos o empresas franceses o europeos vayan a Cuba a hacer lo que está estrictamente prohibido en su propio país, y es lo que están haciendo y que tiene que parar”. Algo que, según él, podrá ser corregido gracias al título III de la ley estadounidense Helms-Burton.

En El Salvador, el recién elegido presidente Nayib Bukele aseguró que su programa para luchar contra la delincuencia iba a erradicar las pandillas en cuatro años. Una promesa cuyo realismo ya está siendo cuestionado. Como sus predecesores, el presidente salvadoreño Nayib Bukele quiere dar a las maras y a sus 70.000 integrantes lo que ya ha llamado un "golpe mortal". “Lo que se sabe hasta ahora es que la primeras fase, la preparación, son medidas que se enfocan en operativos militares, detenciones masivas, endurecimiento de las medidas carcelarias”, explica Tiziano Breda, especialista del Triángulo Norte en el International Crisis Group. En cuanto a la segunda fase, se trata de dar oportunidades a los jóvenes para prevenir su reclutamiento por parte de las pandillas. “El riesgo es que retome ese enfoque de medidas represivas, de mano dura, que han tomado en las últimas décadas y que no ha resuelto el tema”, prosigue Breda. Aunque las medidas de orden social no han sido detalladas por el gobierno, para Héctor Silva, investigador de Insight Crime, una fundación dedicada al análisis del crimen organizado en Latinoamérica, el plan de Bukele supone en todo caso un diálogo con las maras. “La entrada de agentes del Estado pasa por un entendimiento con las pandillas que tienen el control territorial. El pandillero es, lo queramos o no, agente social en esa comunidad. Alrededor del pandillero, que está asociado a una organización criminal, hay familias, hay todas unas comunidades que están interrelacionadas con esa organización. Las pandillas son en principio una organización criminal pero tienen una base de organización social desde que nacieron, que implica a toda la comunidad”, comenta Silva. “La intervención no es una cosa sencilla y en la comunidad lo que se percibe es una situación de inseguridad permanente”, entre pandilleros y Estado, denuncia Silva. Para él, la única manera de hacer correctamente las cosas es que el Estado ataque la parte criminal de la estructura y que lidie a la vez con su parte social. “Y esto no se hace en cinco años”, sentencia. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con un promedio de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes.

La Justicia peruana ordenó al Ministerio de Salud distribuir de manera gratuita la píldora del día siguiente, un avance importante en cuanto a derechos de las mujeres, especialmente para aquellas que viven en las zonas más desfavorecidas. A partir de ahora las mujeres peruanas tendrán acceso gratuito a la píldora del día siguiente, un anticonceptivo oral de emergencia. El poder judicial de Perú ordenó al Ministerio de Salud su distribución en todos los centros del país. De esta manera, la pastilla, que retrasa la ovulación y por lo tanto no es una píldora abortiva, podrá evitar embarazos no deseados especialmente en las zonas más desfavorecidas del país. “Esta pastilla va a poder, sobre todo, prevenir embarazos no deseados productos de violaciones. Esta píldora es bastante necesaria en los lugares más pobres del Perú, donde las mujeres sufren mucho más violencia sexual, y no tienen recursos para poder comprar una píldora”, explica Graciela Tiburcio, presidenta de Amnistía Internacional Perú. Cabe destacar que hasta ahora no había un abastecimiento adecuado de esta píldora. “Hay lugares en el Perú, sobre todo en zonas rurales, en zonas alejadas, donde uno o no encuentra, o hay muy pocas pastillas anticonceptivas de emergencia, y además, en muchos lugares, a pesar de que ya es obligatorio y que den gratuitamente la píldora, no dan información, hacen una objeción de conciencia ‘no regulada’. Tenemos que lograr que la gente sepa que es un derecho”, comenta María Ysabel Cedano, directora de Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. En el Perú, se producen unos 376.000 abortos al año, muchos de ellos en condiciones de riesgo, puesto que el aborto es ilegal en este país, salvo cuando hay riesgo para la vida de la mujer.